En su publicación “Somos los nuevos enemigos del Estado’: el espionaje a activistas y periodistas en México”, los periodistas Azam Ahmed y Nicole Perlroth acusan al gobierno mexicano de utilizar un software estrictamente creado para monitorear actividad terrorista y criminal para espiar a ciudadanos “incómodos” y sus familiares.
Si bien, desde hace tiempo, es de conocimiento público que los defensores de los derechos humanos, periodistas y activistas anticorrupción en México viven una crisis de seguridad, en la cual sus vidas peligran por el simple hecho de ejercer su trabajo.
La noticia se hizo pública luego de que R3D: Red en Defensa de los Derechos Digitales, en colaboración con las organizaciones Article 19, capítulo para México y Centroamérica, y SocialTIC, publicará hoy un informe de la investigación que documenta 88 intentos de hackeo a 12 ciudadanos, entre ellos el directivo del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, A.C (Centro Prodh) y el Instituto Mexicano para la Competitividad, A.C. (IMCO), miembros de la asociación Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) y periodistas; así como a sus familiares.
De acuerdo con el informe titulado “Gobierno Espía: Vigilancia sistemática a periodistas y defensores de derechos humanos en México”, los ataques cibernéticos ocurrieron entre enero del 2015 y julio del 2016 a través del software Pegasus, el cual fue desarrollado por la firma israelí NSO Group y es comercializado únicamente a gobiernos. Hasta ahora se tiene evidencia de la adquisición de dicho malware por al menos tres dependencias en México: la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), la Procuraduría General de la República (PGR) y el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN).
El modus operandi de Pegasus consiste en la infección de equipos móviles a través del envío de un mensaje SMS con un título alarmante y personalizado con la intención de engañar al usuario y animarlo para hacer clic a un enlace adjunto y así poder acceder no sólo a toda la información almacenada su teléfono sino también a conversaciones en curso y ubicaciones GPS en todo momento, al igual que es posible acceder a la cámara digital para realizar vigilancia.
Según The New York Times, NSO Group afirma que dicha herramienta es de venta exclusiva para gobiernos con la condición de que sea utilizada para combatir a terroristas, grupos delictivos o cárteles de drogas, NUNCA para espiar a civiles sin nexos con dichas actividades criminales.
El informe realizado por las organizaciones antes mencionadas detalla una línea del tiempo en la que demuestra que las principales críticas o movimientos profesionales de los involucrados, que afectan de diferentes maneras la imagen del gobierno mexicano, coinciden con la recepción de mensajes sospechosos con enlaces maliciosos en los teléfonos celulares de las presuntas víctimas de espionaje.
¿A quiénes intentaban espiar?
El informe señala como víctimas de intentos de ataques del software a Mario Patrón, director del Centro Prodh, y a los integrantes de su equipo Stephanie Brewer, coordinadora del área internacional, y Santiago Aguirre, subdirector del Centro.
Al momento que los mensajes empezaron a aparecer el Centro estaba involucrado en la documentación y defensa de violaciones de derechos humanos, tales como la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa, la ejecución extrajudicial de civiles por parte del ejército mexicano en el municipio de Tlatlaya, Estado de México; las sobrevivientes de tortura sexual durante el operativo de San Salvador Atenco en 2006 y la discusión de la Ley General contra la Tortura.
De acuerdo con The New York Times, Patrón cayó en la trampa del malware durante la coyuntura de su participación como miembro del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), un conjunto de expertos encargado de dar asistencia técnica de las investigaciones de la desaparición forzada de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa. El mensaje de texto decía “EL GOBIERNO DE MEXICO MADRUGA AL GIEI “, y se presentó el mismo día que el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), quien estaba a cargo de la investigación, desmintiera la existencia de un fuego de gran magnitud en el basurero de Cocula, donde de acuerdo con la versión de la PGR se incineraron los cuerpos de los normalistas.
Periodistas también fueron blanco de mensajes con la intención de infectar sus aparatos celulares. En este rubro destaca el ataque al equipo de Aristegui Noticias, incluyendo a la propia periodista, así como a Rafael Cabrera y Sebastián Barragán, quienes recibieron la mayor cantidad de ataques cibernéticos documentados, cerca de 60.
La línea del tiempo presentada en el informe sugiere una alta correlación entre el trabajo periodístico de los involucrados, especialmente su reportaje relacionado con La Casa Blanca, y los intentos de infección con el malware. En el caso de Aristegui, el intento de espionaje alcanzó también a su hijo Emilio, cuando aún era menor de edad.
En el caso del periodista Carlos Loret de Mola, la aparición de los mensajes sospechosos coincide con la publicación de su columna “Nueva ejecución extrajudicial”, en el periódico El Universal, en la cual expone el peritaje del Ministerio Público en relación a los sucesos de Tanhuato, Michoacán, en mayo del 2015, donde reveló que el 70 por ciento de las víctimas apareció con un tiro de gracia. La columna también indicaba que los cuerpos fueron movidos y que las armas habían sido sembradas en la escena del crimen.
El director del IMCO, Juan Pardinas, y la directora de Educación e Innovación Cívica del Intituto, Alexandra Zapata, también están entre los objetivos señalados por el informe de R3D. El intento de espionaje coincide con la presentación del Índice de Información Presupuestal Estatal 2015, un informe de corrupción en el cual señaló que la mayoría de las finanzas públicas de las entidades federativas del país continúan hundidas en la opacidad, lo que deriva en la posibilidad de disparar la deuda subnacional. Así como durante una etapa crítica del proceso de la aprobación de la Ley 3 de 3 y las leyes del Sistema Nacional Anticorrupción.
Si bien el reporte no señala a la esposa de Pardinas, el New York Times asegura que ella también recibió mensajes, entre ellos uno que insinuaba evidencias de un amorío entre su esposo y una colega.
Los últimos en la lista son los periodistas y miembros de la asociación civil “Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad” (MCCI), Salvador Camarena, director de la unidad periodista y de investigación de la A.C., y Daniel Lizárraga, jefe de información de dicha unidad. En su caso, los mensajes aparecieron a la par de la creación de la asociación y la actividad periodística de ambos relacionada con el desfalco de recursos públicos por parte de una red de funcionarios veracruzanos que entregaron contratos a empresas fantasmas, y la ocultación de recursos en paraísos fiscales como Panamá, por parte del constructor de La Casa Blanca, respectivamente.
Aunque no hay pruebas contundentes de que el gobierno mexicano sea el responsable detrás de dichos mensajes, el informe señala que la mayoría de ellos proviene de los mismos dominios de internet, cuenta con la misma estructura en su redacción y están irrevocablemente ligados a una coyuntura crítica en el trabajo de los objetivos, cuyo actor principal, así como mayor perjudicado, es casualmente el gobierno.
¿Qué opinan los agraviados?
El informe fue presentado oficialmente hoy, 19 de junio, a las 13:00 horas. En la conferencia de prensa estuvieron presentes las figuras públicas que fueron objeto de dicho ataque cibernético.
“Al Presidente Peña Nieto hay que decirle que está obligado, que no es una cortesía que nos dé explicaciones. Que está obligado y desde aquí te decimos que esto que ha ocurrido es inaceptable, como inaceptable es, más todavía, que asesinen a periodistas en México y no pase nada”, dijo Carmen Aristegui, durante la presentación.
“No sabemos si los periodistas asesinado antes fueron espiados, no sabemos si algo así ocurrió, pero a la luz de lo que vemos, tenemos derecho a pensarlo”.
Durante la conferencia de prensa los afectados informaron que ya presentaron una denuncia ante la Procuraduría General de la República (PGR) para que se investiguen a las instancias federales involucradas.
“Siempre hemos sospechado que nos espían y nos escuchan”, dijo Patrón al New York Times, “pero tener evidencia de que somos víctimas de verdadera vigilancia confirma que nos están amenazando y que el gobierno está dispuesto a utilizar medidas ilegales para intentar detenernos”.
De acuerdo con el New York Times, el gobierno mexicano reconoce haber recabado información de sospechosos legítimos de un modo apegado a la ley, pero rechaza categóricamente que alguna de sus dependencias realice acciones de vigilancia o intervención de comunicación de defensores de derechos humanos, periodistas, activistas anticorrupción o de cualquier otra persona sin previa autorización judicial.
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