La nueva legislación busca poner orden en las más de 6 mil empresas que actualmente brindan servicios de seguridad privada en el país, algunas al margen de la ley.
Se establece que los particulares que ofrezcan este servicio deberán contar con una autorización única, que será emitida por el Servicio Nacional Regulador de Seguridad.
Además, se contempla la creación de un registro único de empresas, personas y equipos destinados a este fin.
El proyecto aprobado establece que, en casos de urgencia o desastre, las empresas autorizadas de seguridad privada deberán coadyuvar con autoridades e instituciones de seguridad pública.
La minuta fue turnada a la Cámara de Diputados para su análisis.
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