Corre peligro la credibilidad institucional por la actuación de titulares de la Fiscalía General del Estado y del Supremo Tribunal de Justicia al darse a conocer a la opinión pública un caso de presunto acoso sexual.
La dirigente del Colectivo de Mujeres Activas de Sinaloa, María Teresa Guerra Ochoa destacó que el fiscal Juan José Ríos Estavillo debido haber comentado que no estaba en condiciones de revelar información del tema cuando en conferencia de prensa se realizó una pregunta explícita.
Y por otro lado el presidente del Supremo Tribunal de Justicia, Enrique Inzunza debe solicitar investigación imparcial del caso, pero con la publicación de un desplegado de apoyo por parte de jueces y magistrados se adelantó una respuesta por parte del poder que juzga, antes de realizar una investigación.
Guerra Ochoa añadió que si bien son instituciones que en teoría son autónomas el gobierno estatal puede emitir una postura pública y firme al respecto.
Así mismo aseguró que es al Congreso del Estado al que corresponde emitir un posesionamiento porque fue el poder que nombró al fiscal y es obligación velar por el interés ciudadano y de cumplimiento de la justicia.
Por otro lado los Jueces del Supremo Tribunal de Justicia del Estado no debieron firmar un documento ya que se dejan ver parcial es el asunto está ante una Agencia del Ministerio Público para que se investigue.
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