Es obligación del Estado mexicano atender la problemática de los desplazados por la violencia en Sinaloa y las únicas acciones implementadas han sido de carácter asistencial, pero el problema de fondo que originó estos desplazamientos no han sido atendidos reveló el presidente interino de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos Óscar Loza Ochoa.
Puntualizó que en ninguno de los municipios donde se registró el fenómeno de los desplazamientos, existen las condiciones para el retorno de los pobladores.
Hay solicitudes de créditos para vivienda que no han sido aprobadas , pero tampoco se han cumplido con medidas cautelares para quienes han encabezado estas movilizaciones luego de recibir una serie de amenazas.
Aclaró Loza Ochoa que las autoridades no deben declarar que las familias ya pueden regresar a sus comunidades cuando la pugna entre los grupos criminales continúa en la sierra sinaloense.
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