Managua, 11 jun (EFE).- Los actos represivos del Gobierno de Nicaragua contra la población alejan más al presidente Daniel Ortega de la realidad del país, que hoy cumple 55 días de una crisis que ha cobrado al menos 139 vidas, afirmó hoy el obispo Silvio Báez.
Ortega, quien el jueves pasado pidió a la Conferencia Episcopal de Nicaragua (CEN) tiempo para "reflexionar" sobre si accede a la democratización del país, no desconoce el punto de vista de Báez, ya que el obispo se lo hizo saber ese mismo día.
"El jueves, en el encuentro con la CEN, le dije al presidente Ortega que usando solo el lenguaje de la represión en Nicaragua, se aleja cada vez más de la realidad, agrava la crisis política y el dolor del pueblo, y se esfuerza en destruir el diálogo nacional", publicó Báez en sus redes sociales.
El obispo reveló sus palabras en el cuarto día de "reflexión" de Ortega, a pesar de que la población de Nicaragua esperaba una respuesta definitiva el sábado.
Este lunes por la mañana la Policía Nacional y grupos "parapoliciales" atacaron los llamados "barrios orientales" de Managua con armas de guerra, en respuesta a múltiples barricadas que edificó la población en las calles para impedir el paso de fuerzas de choque oficialistas.
En cada uno de los días en que Ortega ha estado "reflexionando", diversas ciudades del norte de Nicaragua han denunciado ataques de la Policía y fuerzas de choque oficialistas, que han dejado al menos cuatro muertos, entre ellos un niño, todos víctimas de disparos en la cabeza, cuello y torso, igual que la mayoría de manifestantes, denominados "autoconvocados".
Debido a las características de las muertes, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) advirtió de posibles "ejecuciones extrajudiciales" por parte del Gobierno de Nicaragua, en tanto que el movimiento Amnistía Internacional lo dio por hecho.
Nicaragua cumple hoy lunes 55 días de la crisis sociopolítica más sangrienta desde los años 80 del siglo pasado, con Ortega también como presidente.
Las protestas contra Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, comenzaron el 18 de abril pasado por unas fallidas reformas a la seguridad social y se convirtieron en una exigencia de renuncia, después de once años en el poder, con acusaciones de abuso y corrupción.
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