En un comunicado conjunto, la Secretaría de Gobernación y la Secretaría de Relaciones Exteriores informan que México, en apego a una política migratoria respetuosa de los derechos humanos de los migrantes y del derecho internacional humanitario, reconoce el derecho a la libre movilidad de las personas y el derecho de toda persona a solicitar el reconocimiento de la condición de refugiado, tal como lo establecen los diversos instrumentos internacionales y las leyes nacionales.
Con base en el objetivo de la comunidad internacional para avanzar hacia una migración segura, ordenada y regular –delineada en el Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular, 2018-, así como las disposiciones del marco legal nacional y buscando garantizar la seguridad y la integridad de los migrantes y solicitantes de refugio, particularmente la de los niños, los adultos mayores y las mujeres, México anuncia las siguientes medidas ante la eventual llegada de la Caravana de Migrantes Hondureños a la frontera sur del país:
Toda persona que desee ingresar a territorio nacional y cuente con los documentos de viaje y una visa concedida por el Gobierno de México, por medio de la red consular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, podrá ingresar al país y moverse con plena libertad en el mismo por el tiempo de vigencia de la visa.
Toda persona que ingrese a territorio nacional y desee solicitar el reconocimiento de la condición de refugiado o ser beneficiario de medidas de protección complementaria, deberá hacerlo individualmente, de conformidad con la legislación vigente.
La Comisión Mexicana de Ayuda al Refugiados es la institución encargada de procesar y analizar dichas solicitudes. La legislación nacional vigente establece un periodo de hasta 45 días hábiles, prorrogables por un periodo igual, para resolver sobre las solicitudes. Durante este tiempo el solicitante deberá permanecer en una estación migratoria, a cargo del Instituto Nacional de Migración.
En cumplimiento de la legislación nacional vigente, toda persona que ingrese al país de manera irregular, será rescatada y sujeta a procedimiento administrativo y, en su caso, será retornada a su país de origen, de manera segura y ordenada. Esta medida responde no sólo al cumplimiento de la legislación nacional, sino particularmente al interés del Gobierno de México de evitar que tales personas sean víctimas de las redes de trata y tráfico de personas, mismas que ponen en grave riesgo su seguridad e integridad personales.
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