Santiago de Chile, 25 oct.- El presidente de Chile, Sebastián Piñera, presentó hoy para enviar al Legislativo un proyecto de ley destinado a combatir los delitos informáticos, elaborado tras varios ataques sufridos este año por bancos y otras entidades financieras.
La iniciativa reemplaza a una ley vigente desde 1993 y considerada obsoleta, se enmarca en un Plan Nacional de Ciberseguridad y se sumará a otro proyecto que ya se tramita en el Congreso, sobre la protección de datos personales.
Según el mandatario, ambas fortalecerán la coordinación y las respuestas del país frente a los ataques informáticos, que según cifras de la Policía aumentaron el año pasado un 74 % respecto del 2015.
"Estamos en una situación vulnerable", admitió Piñera, en cuya opinión la modernización del país, que supone la incorporación de nuevas tecnologías, amplía al mismo tiempo las posibilidades de que organizaciones criminales vulneren los sistemas gubernamentales, bancarios o financieros.
Tal situación, dijo, hace obligatorio ir actualizando los niveles de seguridad a la par de los avances tecnológicos. "El cibercrimen es una amenaza real, latente", sostuvo Piñera.
El proyecto tipifica siete delitos en el ámbito de la informática, con penas que fluctúan entre 61 días y 5 años de cárcel, además de multas que pueden alcanzar a 40 Unidades Tributarias Mensuales (UTM), equivalentes actualmente a unos dos millones de pesos chilenos (unos 2.940 dólares).
Los delitos tipificados son perturbación informática, acceso ilícito (hackeo), interceptación o interferencia, daño informático, falsificación informática, fraude informático y abuso de dispositivos.
Durante la presentación, realizada en el Palacio de La Moneda, sede del Ejecutivo, Piñera dio a conocer además un nuevo "Instructivo Presidencial de Ciberseguridad para el Estado", que dispone que cada organismo público tendrá una persona a cargo de la ciberseguridad de la institución, medida que ya se ha puesto en marcha.
Además, los servicios públicos deberán velar por la aplicación y actualización de las normas técnicas, para que los sistemas tecnológicos se mantengan protegidos.
También se deberán realizar informes en casos de riesgo en ciberseguridad, o de evaluación, que deberán ser enviados a un nuevo Centro de Coordinación de Entidades de Gobierno.
El proyecto presentado firmado por el presidente de Chile sigue a una serie de casos de filtración de datos bancarios ocurridos en los últimos meses, que afectaron a diversas entidades financieras.
Las investigaciones permitieron identificar al menos a dos grupos de "hackers" que a través de redes sociales publicaron datos de cuentas bancarias, numeros de documentos de identidad y coordenadas de transferencias de distintos bancos.
Uno de los grupos fue identificado como "The Shadow Brokers", de origen estadounidenses, y otro operaba como "La Balsa Pirata", aunque esta última fue descubierta y su responsable está actualmente imputado, aunque en libertad provisional.
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