París, 26 nov.- El presidente francés, Emmanuel Macron, denunció hoy las "escenas de guerra" que se vivieron el sábado en París por los enfrentamientos con la policía de "una minoría" violenta del colectivo de los "chalecos amarillos", que protestan por la subida de los impuestos en los carburantes.
El portavoz del Gobierno, Benjamin Griveaux, relató en conferencia de prensa que en el Consejo de Ministros de hoy Macron dijo que es consciente del malestar que hay por "una Francia que no ha encontrado su lugar en la globalización" y que, entre otras cosas, sufre por la desindustrialización de algunas regiones.
Griveaux señaló que el Gobierno no renuncia a sus planes de incrementar de nuevo los impuestos sobre los combustibles, pero que no va a caer "tampoco en la ceguera", y que desde mañana va a incluir a los principales actores en la negociación.
"Nuestra respuesta es una respuesta global, con una Francia de la educación, una Francia del mérito, una Francia del trabajo", dijo el portavoz, que también prometió "un nuevo método".
El jefe del Estado ha convocado mañana una cumbre sobre la transición ecológica en la que se espera que aborde un amplio abanico de cuestiones vinculadas a la energía y al transporte.
El colectivo de los "chalecos amarillos" anunció por su parte, en un comunicado, la creación de "una delegación" de ocho portavoces.
El Consejo de Ministros de hoy sirvió para dar el visto bueno a un proyecto de Ley de Orientación de la Movilidad que contempla un incremento de las inversiones para el mantenimiento de las redes de carreteras y ferrocarriles existentes, que supone la renuncia a la construcción de nuevas grandes infraestructuras.
La titular de Transportes, Elisabeth Borne, detalló algunas de las medidas que incluye, como una partida de 2.600 millones de euros para aumentar la oferta de trenes donde hay más necesidad y el despliegue de flotas de vehículos eléctricos en áreas poco servidas por el transporte público.
También ayudas de hasta 400 euros anuales para los que se desplacen al trabajo en bicicleta o compartiendo coche.
Borne confirmó que en la ley no se han incluido disposiciones para permitir los peajes urbanos, en contra de lo que se había previsto hace varias semanas, para evitar "nuevas fracturas" entre territorios.
También se ha decidido aplazar la instauración de una tasa para los camiones que utilicen las carreteras libres de peaje, que el Gobierno pretende que grave sobre todo a los transportistas extranjeros.
La ministra justificó el retraso en la decisión con el argumento de que la financiación para las infraestructuras en 2017 ya está cubierto con el presupuesto aprobado para ese ejercicio y de que "no es bueno precipitarse", sino "reflexionar" y buscar la concertación.
En cualquier caso, añadió que harán falta 500 millones de euros anuales a partir de 2020.
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