Con relación a los señalamientos realizados en diversos medios de comunicación, derivados del informe de solventaciones emitido por la Auditoría Superior del Estado en días pasados, respecto a órdenes de aprehensión pendientes de ejecutar por hechos de corrupción, este Organismo Constitucional Autónomo hace público el siguiente posicionamiento:
A la fecha, esta Fiscalía sinaloense no cuenta con órdenes de aprehensión pendientes de ejecutar por hechos de corrupción, tal como se describe en el informe que se cita, por lo cual es imperante señalar que la información no corresponde a los datos reales y actuales en los procesos con los que cuenta esta institución de procuración de justicia, los cuales se iniciaron derivados de denuncias presentadas por la ASE en los periodos 2013 al 2016.
En este contexto, ratificamos que la información que se ventila derivado de dicho informe, es errónea, toda vez que esta Fiscalía General no solicitó dichas ordenes de aprehensión, ni tampoco las tiene vigentes, ya que estos datos correspondieron a procesos instaurados en un periodo distinto, los cuales ya fueron determinados por el órgano jurisdiccional correspondiente.
Por mandato constitucional, la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción fue creada con fecha del 6 de febrero del año 2018, misma que ha radicado denuncias por delitos cometidos por servidores públicos como consecuencia de actos de corrupción, ha integrado carpetas de investigación e iniciado procesos jurisdiccionales, velando en todo momento por el debido proceso y los principios constitucionales que estamos obligados a observar y salvaguardar.
Cabe mencionar, que nuestros procedimientos implican un control jurídico que quedan sujetos a autoridades jurisdiccionales de diversas instancias, en el ámbito local y federal, así como autoridades derecho humanistas estatales, nacionales e internacionales.
En este orden, la Fiscalía de Sinaloa ha sido, es y será respetuosa de los principios constitucionales y legales marcados por los sistemas penales, tanto por el sistema inquisitivo como por el sistema acusatorio y oral vigente.
Ante la función que se desarrolla al desempeñar actos de control de constitucionalidad, estos se llevan a cabo con el debido respeto a los derechos de terceros, con el alcance de las atribuciones y funciones de las instancias de autoridades públicas, por lo que ejercemos un control eminentemente jurídico y no político.
En el ejercicio de la acción penal, esta Fiscalía siempre atiende el interés y elementos aportados por las víctimas, ofendidos y/o autoridades competentes para denunciar, entre otros, asuntos en materia de fiscalización de recursos públicos.
Este Organismo Constitucional Autónomo siempre está en espera de que esas formalidades se cumplan, y además con atención al mandato de Ley, la Fiscalía sinaloense reserva la publicidad de hechos que solamente pueden ser valorados por un juzgador, independientemente de la jerarquía judicial.
Esta Fiscalía ratifica su obligación y compromiso con el cumplimiento irrestricto a los principios constitucionales y el debido proceso, así como su interés y voluntad en el combate a la corrupción en Sinaloa.
Por último es pertinente señalar que ante la implementación del Sistema Nacional Anticorrupción y los Sistemas Estatales Anticorrupción, todas las instancias que lo conformamos debemos de sujetarnos estrictamente a nuestra función competencial, por lo que esta Fiscalía es la única que está facultada para expresar públicamente temas relacionados a su competencia y atribuciones, esto en el debido cumplimiento a los principios constitucionales del debido proceso, la presunción de inocencia, entre otros, como al principio de intervención mínima del derecho penal en el estado mexicano.
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