El desplazamiento forzado generado por la violencia en Sinaloa, sigue siendo un problema latente, que de acuerdo a organismos internaciones, supera por mucho las cifras que han manejado los gobiernos en turno.
La presidenta de la junta de coordinación política del congreso del estado, Graciela Dominguez, en el marco del análisis para la elaboración de la Ley sobre desplazamiento forzado, realizado en el congreso del estado, mencionó que en el último informe presentado por el consejo noruego de refugiados, México aparece en el lugar 19 de los países con mayor número de víctimas de desplazamiento forzado con 311 mil víctimas, incluso por encima de países como libia y Pakistán, de ahí la importancia de que tanto a nivel federal como en el estado, se reconozca la magnitud del problema y se atienda de manera correcta esta problemática.
Dominguez Nava mencionó también que no es minimizando el problema como el gobierno del estado logrará solucionarlo, sino estableciendo los mecanismos para prevenir y atender las necesidades de las miles de familias en Sinaloa que están es esta situación, desplazados de sus lugares de origen y padeciendo los estragos de la marginación y la pobreza y para esto recordó que el congreso del estado en 2019 etiquetó 30 millones de pesos, mientras que para 2020 se asignaron 40 millones de pesos para que se atienda esta problemática.
Por su parte el director de movilidad humana del la secretaría de gobernación Mauro Santos Caballero, coincidió en que el primer paso para atender el problema es reconocerlo y en ese sentido el gobierno federal ha sumido la gravedad del desplazamiento forzado y trabaja en la creación de políticas públicas que ayuden a resolver esta situación que afecta a prácticamente todos los estados del país.
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