El anterior Gobierno, presidido por Donald Trump, inició el año pasado la aplicación de esta regulación, denominada Título 42, y que permite expulsar a los migrantes que llegan a la frontera, considerándolos una amenaza a la salud pública en medio de la pandemia de la covid-19.
En su fallo conocido este jueves el juez federal Emmet Sullivan consideró ilegal expulsar a las familias sin permitirles pedir asilo.
Medios como Univisión explican que Sullivan escribió que, teniendo en cuenta "la amplia disponibilidad de exámenes, vacunas y otras medidas para minimizar (la pandemia), este tribunal no cree que el contagio de la covid-19, durante el trámite en la frontera, no pueda mitigarse de manera significativa".
En su opinión, el juez Emmet Sullivan explica que los demandantes son personas que huyeron de la violencia de sus países y que "podrían correr grave peligro en sus países de origen".
Ellos alegan que entre los afectados hay aproximadamente 21,500 miembros de familias que han sido puestos bajo la medida sin que se les permita solicitar asilo previamente.
"La Corte determinó que los demandantes han demostrado suficientemente que podrían sufrir un daño irreparable (...) Alegan que los daños podrían no tener remedio", se lee en el documento, que detalla que los afectados no buscan una indemnización sino "la invalidación de Título 42".
"El proceso del Título 42 priva a los demandantes (...) de una oportunidad de buscar protecciones humanitarias bajo el asilo", agrega.
Esta política sanitaria fue implementada en marzo de 2020 por el gobierno de Donald Trump amparado en la pandemia. Joe Biden la ha perpetuado pese a la exigencia de las organizaciones de derechos humanos para que sea eliminada. El pedido no solo se ha hecho porque se excluye a los migrantes de su derecho a pedir asilo, sino porque en México han sido víctimas de las bandas criminales, que los extorsionan, agreden sexualmente, roban, entre otros delitos.
El fallo no será efectivo hasta dentro de dos semanas. En este sentido el Departamento de Seguridad Nacional pidió al Tribunal Federal que deje en suspenso esta orden por 14 días para tener tiempo suficiente para "explorar sus opciones de apelación" y los demandantes -un grupo de familias- no se oponen a dicha solicitud.
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