La diputada federal por el Distrito 01 de Sinaloa, Graciela Domínguez Nava, destacó este martes, durante la discusión del Dictamen de reformas a la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, que estas reformas representan una transformación estructural profunda destinada a acabar con décadas de corrupción, opacidad y discrecionalidad en el ejercicio del gasto público.
Graciela Domínguez señaló que desde el inicio de los gobiernos de la Cuarta Transformación, la inversión pública ha sido considerada un motor clave para el crecimiento económico del país. Recordó que en 2022, la inversión en obra pública ascendió a más de un billón 300 mil millones de pesos, contribuyendo con más de un 4% al Producto Interno Bruto Nacional.
“Este no es un simple ajuste normativo. Es una verdadera transformación estructural que responde a una exigencia social: poner fin a décadas de corrupción, opacidad y discrecionalidad en el ejercicio del gasto público”, expresó la legisladora, asegurando que estas reformas son un paso fundamental hacia una administración pública más honesta, moderna y eficiente.
Domínguez también subrayó los problemas generados durante años de gobiernos neoliberales, donde los recursos destinados a la infraestructura fueron mal manejados. A través de estas reformas, indicó, se logrará digitalizar completamente las contrataciones públicas, garantizando transparencia en tiempo real. Los ciudadanos podrán dar seguimiento puntual a cada etapa de cada contrato, lo que permitirá una trazabilidad completa de la gestión del gasto público.
“La Plataforma Digital de Contrataciones Públicas eliminará los trámites opacos y las decisiones discretas, permitiendo que todo el proceso sea accesible para cualquier ciudadano”, puntualizó.
Además, destacó que el dictamen también incluye mecanismos innovadores, como la oferta subsecuente de descuento y la regulación estricta de las contrataciones entre entes públicos, para evitar que se utilicen como fachada para beneficiar a terceros privados. También se reducirá la discrecionalidad en la adjudicación directa, bajando el límite del 30% al 20%, lo que delimitará claramente las excepciones a la licitación pública.
En respuesta a los detractores, la diputada Graciela Domínguez fue enfática: “Este dictamen no busca burocratizar ni fomentar la discrecionalidad. CompraNet, ya no es suficiente; es un instrumento obsoleto. Mienten quienes pretendan afirmar que se desaparece porque no queremos transparencia en la obra pública”, aseveró.
La legisladora enfatizó que, en lugar de eliminar CompraNet, el dictamen lo transforma, convirtiéndolo de un “archivo polvoriento” en una herramienta ágil, útil y viva, que sirva al pueblo y no a la corrupción. “Con CompraNet o sin él, se llenaron los bolsillos y vaciaron las arcas. Los gobiernos de Fox, Calderón y Peña Nieto, entre otros, lo usaron, pero no evitaron los desfalcos”, expuso.
Como ejemplo, citó varios casos emblemáticos de despilfarro, como el sobrecosto de la supercarretera Mazatlán-Durango, que pasó de ser iniciada en el año 2000 a ser inaugurada 13 años después, lo que implicó un sobrecosto de 18 mil millones de pesos.
“Solo en Sinaloa, mi tierra, tuvimos que esperar hasta que llegó el presidente López Obrador para concluir proyectos clave como la Presa Picachos y la presa Santa María, obras que se habían retrasado por años y con un manejo cuestionable de recursos”, indicó Domínguez.
Finalmente, la diputada concluyó que el dictamen representa un paso hacia un marco jurídico moderno y vanguardista. “Apoyar este dictamen es honrar el mandato popular de transformación. Esta reforma cierra la puerta a la corrupción y abre el camino a la confianza del pueblo”, aseguró.
Con esta reforma, México avanza hacia un sistema más transparente y justo, donde la obra pública esté al servicio del pueblo y no de intereses particulares
