La Auditoría Superior del Estado (ASE) ha detectado presuntas irregularidades en el contrato de arrendamiento de 126 patrullas por más de 100 millones de pesos en el Ayuntamiento de Ahome, durante el gobierno de Gerardo Vargas Landeros, correspondiente al ejercicio fiscal 2021. Ante estas irregularidades, la ASE ha presentado una denuncia formal ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción.
La auditora estatal, Emma Guadalupe Félix Rivera, explicó que el contrato fue adjudicado de manera directa, sin cumplir con los procedimientos establecidos en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Sinaloa, que exige realizar un estudio de mercado y un comparativo de precios antes de proceder con la contratación. Aunque la ley permite excepciones en casos de emergencia o falta de proveedores, la ASE no encontró justificación suficiente para aplicar esta excepción en el contrato en cuestión.
“Al no solventarse las observaciones realizadas durante la revisión de la cuenta pública, el caso fue turnado al área jurídica de la ASE, que envió las constancias correspondientes al Tribunal de Justicia Administrativa, para que se impongan las sanciones correspondientes, en caso de confirmarse las faltas”, explicó Félix Rivera.
Además de las posibles faltas administrativas, se considera que podría haberse cometido un delito de ejercicio indebido de la función pública, por lo que la ASE remitió el caso a la Fiscalía General del Estado de Sinaloa, tal como lo establece la normativa vigente.
El informe de la auditoría menciona que en el proceso de contratación participaron funcionarios del Comité de Adquisiciones del municipio, aunque no se ha señalado directamente a ningún servidor público en particular. La denuncia incluye los documentos relacionados con la adquisición y contratación de las patrullas, y será la Fiscalía quien determine las responsabilidades en caso de confirmarse el ilícito.
Félix Rivera subrayó que este caso es distinto al del exalcalde de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro, cuyo proceso terminó con el desafuero de su cargo. En el caso de Ahome, la investigación sigue su curso y aún no se han determinado responsabilidades.
La ASE continúa con su trabajo de supervisión y fiscalización para garantizar la correcta administración de los recursos públicos en el estado
