La Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó la destitución y consignación penal de todos los integrantes de los Ayuntamientos de Tlacotepec de Benito Juárez, Puebla y Coacalco de Berriozabal, Estado de México.
Consideró que en ambos municipios se incurrió en el delito de desacato a una orden judicial, por lo que cada uno de los destituidos podría ser sentenciado hasta con 10 años de prisión.
Luis María Aguilar, ministro Presidente de la SCJN, reiteró que el cumplimiento de las sentencias judiciales es obligatorio y al no hacerse la Corte no tiene otra opción que destituir a quien no acata los fallos.
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