Los magistrados consideraron que la Procuraduría General de la República no fue imparcial en sus investigaciones. También ordenó reponer el juicio contra presuntos miembros del grupo criminal “Guerreros Unidos”, porque determinó que hay indicios de que sus confesiones se obtuvieron mediante torturas.
Con estas palabras, el entonces Procurador General de la República, Jesús Murillo Karam, explicó lo que, según sus investigaciones, sucedió en Iguala, Guerrero, con los 43 estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa, desaparecidos el 26 de septiembre de 2014.
“Se ha realizado una labor apegada a derecho observando siempre un respeto a los derechos humanos de los detenidos y de las víctimas”, señaló Murillo Karam.
En una conferencia, el 7 de noviembre de 2014, Murillo Karam mostró testimonios de presuntos responsables de la muerte de los estudiantes.
Durante distintas etapas de la investigación, los detenidos mostraron golpes visibles en el rostro, mismos que denunciaron.
El grupo interdisciplinario de expertos independientes, convocado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, denunció que el entonces director de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Zerón, condujo a Agustín García, “El Chereje”, uno de los presuntos responsables, a realizar diligencias a los lugares de los hechos sin que constara en la averiguación previa.
De los 129 detenidos por estos hechos, 10 tramitaron un amparo por presuntas irregularidades en su procedimiento.
Este lunes, tres magistrados de un tribunal de Tamaulipas les dieron respuesta. Establecieron que la investigación por la desaparición de los normalistas “no fue pronta, efectiva, independiente ni imparcial por parte de la PGR.
También ordenaron que a algunos de los detenidos se les practique el Protocolo de Estambul, pues se tiene sospecha de que fueron torturados.
Debido que México no cuenta con una Fiscalía independiente, el tribunal determinó crear una Comisión de la Verdad y la Justicia para el caso Iguala, integrada por las víctimas, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y el Ministerio Público federal.
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