La integridad electoral en la era digital y en tiempos de pandemia exige a las instituciones electorales actuar con responsabilidad para garantizar y hacer efectivos los derechos políticos de las personas, sin afectar otras libertades, como la de expresión, o el derecho a la salud, señaló el Consejero Presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova Vianello.
Ante autoridades electorales de América y expertos en la materia a nivel internacional, Lorenzo Córdova añadió que, ante esta situación, autoridades y sociedad tienen el reto de adaptarse a las nuevas exigencias de las condiciones existentes.
Refirió que los retos para los organismos electorales y la democracia frente al COVID-19 se dan en cuatro dimensiones: sanitaria, económica, política y social.
Sanitaria, por la cantidad de personas que concurren y se reúnen en torno a las actividades y campañas del proceso electoral, situación que deben cuidar las autoridades electorales en coordinación con las de salud.
Económica, por la inédita contracción de las economías en el mundo, lo que acentuará la pobreza y el descontento de la sociedad con la democracia, explicó.
Política, porque existe un aumento de la polarización de la sociedad y de actitudes autocráticas o de concentración del poder, por lo que se deben reforzar los controles a la autoridad y el ejercicio de derechos.
Y, finalmente, social, porque la suma de las crisis sanitaria, económica y política, puede generar expresiones de inconformidad “que si no las atendemos pueden llegar a desbordar los cauces institucionales”.
Lorenzo Córdova concluyó que estas cuatro dimensiones conllevarán a las autoridades electorales a enfrentar cuatro retos: el comunicacional, para explicar los cambios en la organización de los procesos electorales; el operativo, en cuanto a la introducción de nuevos procesos para garantizar la salud de las personas; tecnológico, respecto a la incorporación de mecanismos tecnológicos que puedan hacer posible el ejercicio de derechos electorales; y el reto político, para fortalecer la autonomía de las instituciones ante la tentación de su conquista por parte de otros actores.
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