Desde hace aproximadamente tres años los tribunales dejaron de recibir las órdenes de protección para las víctimas y las pasaron al ministerio público obligando a los afectados a presentar primero una demanda.
Jesús Enrique Alcalá secretario de vinculación con la vice fiscalía en la zona sur, asegura que antes las órdenes de protección y restricción eran inmediatas, ahora la tardanza en esta respuesta podría ser un factor que influya en que se sigan presentando este tipo de delitos ya que algunas víctimas desisten de la demanda.
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