A pesar de eso,
el presidente de Filipinas, Rodrigo Duterte,
ha ordenado a las fuerzas de la ley “disparar a matar” a aquellas
personas que violen los requisitos de la estricta cuarentena por la pandemia
de COVID-19.
“No dudo. Mis
órdenes son para la policía y el ejército, si hay problemas o surge una
situación en que la gente pelea y sus vidas están en peligro, disparen a matar”,
comunicó ayer por la noche en un discurso televisado.
“Muerto. A
cambio de causar problemas, te enviaré a la tumba”, amenazó Duterte el mismo
día en el que una veintena de personas de la barriada de San Roque, en Manila,
protestaron sin permiso ante la policía para exigir ayuda oficial para salir
adelante.
Asimismo, acusó
a grupos civiles de izquierda de instigar la protesta: “Izquierdistas,
ustedes no son el gobierno. No anden por ahí causando problemas y disturbios
porque ordenaré su detención hasta que finalice el brote”.
El presidente
obtuvo la semana pasada “poderes especiales” del Congreso para lidiar
con la pandemia en una ley que incluye la provisión de 200.000 millones de
pesos (4 mil millones de dólares) para repartir entre 18 millones de hogares
desfavorecidos del país, donde el 16 % de la población vive bajo el umbral de
la pobreza.
Sin embargo, la
ayuda está bloqueada porque el gobierno todavía elabora “una base de datos
consolidada” de los beneficiarios.
“Solo espere la
entrega incluso si se retrasa, llegará y no pasará hambre. No morirá de hambre”, señaló Duterte.
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