El vuelo partió desde el aeropuerto internacional de Asunción con dirección a Río de Janeiro, en un chárter privado, fue autorizado anoche por el Consejo de Defensa Nacional (Codena), el organismo oficial que gestiona la entrada y salida del país ante el cierre de fronteras y bloqueo aéreo por la pandemia del coronavirus.
Los dos hermanos llegaron al hangar en el que se encontraba el aparato desde el lujoso hotel del centro de Asunción donde el lunes pasaron su primera noche en libertad.
Con el despegue del avión los dos hermanos finalizaron un periplo judicial de casi medio año que resolvieron este lunes con el fallo del juez de garantías Gustavo Amarilla, que les benefició con la suspensión condicional del proceso.
La salida procesal obliga a Roberto, que fue condenado a dos años de cárcel, a presentarse durante ese periodo, y cada cuatro meses, ante las autoridades judiciales de su país.
Los dos hermanos deberán pagar unos 200.000 dólares concepto de "reparación social" para dar por extinguidos sus procesos, monto que será destinado a la compra de insumos y equipos médicos para el COVID-19 y para una campaña de ayuda a una menor enferma.
La cantidad será extraída de los 1,6 millones de dólares que depositaron en el estatal Banco de Fomento como fianza para acceder a la reclusión domiciliaria en el hotel de Asunción a mediados de abril.
Los hermanos llegaron al aeropuerto de Asunción el 4 de marzo tras salir de Sao Paulo con documentación brasileña, aunque en la dependencia paraguaya de Migraciones exhibieron pasaportes y cédulas paraguayas con sus nombres y fotos, que luego se descubrió estaban manipuladas.
El exfutbolista había viajado a Asunción para prestar su imagen a un proyecto de asistencia médica gratuita a niños paraguayos organizado por una fundación presidida por la empresaria Dalia López.
La empresaria, que recogió a los dos hermanos en el aeropuerto capitalino, se encuentra prófuga y bajo orden de captura internacional.
Las imputaciones de Ronaldinho y su hermano derivaron en procesamientos a una veintena de personas, entre ellas gestores y funcionarios de Migraciones y de la Dirección de Identificaciones de la Policía Nacional supuestamente vinculados a un negocio ilícito de manipulación de documentos.
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