La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana notificó la clausura del Centro Federal de Readaptación Social número 2 "Occidente" del Sistema Penitenciario Federal en el Diario Oficial de la Federación.
Las personas ahí presas "serán trasladadas a los centros federales de readaptación social que determine el Comisionado de Prevención y Readaptación Social, quien realizará las acciones y gestiones necesarias para ello, respetando en todo momento sus derechos humanos", afirmó el acuerdo.
La cárcel de Puente Grande es una de las más conocidas en México por ser la prisión de la que "El Chapo", ahora condenado y preso en Estados Unidos, se fugó en enero de 2001 al sobornar a los custodios tras estar detenido ahí desde 1995, después de su primera captura en 1993.
Años después, en 2015, "El Chapo" se fugó de la cárcel de máxima seguridad del Altiplano a través de un túnel, en su segunda huida de un penal mexicano.
Puente Grande también es conocido por los motines de sus reclusos de alta peligrosidad, como reflejó una riña reciente que en mayo dejó siete muertos y nueve heridos.
En julio, las autoridades federales trasladaron a más de 300 detenidos a otras prisiones con el argumento que eran medidas por la pandemia de la COVID-19, que ha dejado centenares de muertos en las cárceles mexicanas.
Asimismo, la prisión era famosa por las "narcofiestas" que realizaban los reclusos, como mostraron imágenes difundidas en abril pasado en las que presuntos reos y guardias bebían alcohol y se bañaban en una piscina dentro del lugar.
"Los derechos de los trabajadores adscritos laboralmente al Centro Federal de Readaptación Social número 2 'Occidente', serán respetados conforme a la ley, por lo que serán reubicados en otros centros penitenciarios federales", prometió el acuerdo de este lunes.
El anuncio ocurre justo un año después de la clausura de la vieja prisión de Topo Chico, inaugurada en 1943 y representativa de la violencia en las cárceles mexicanas, en la norteña ciudad de Monterrey.
En las cárceles mexicanas hay al menos de 3.350 casos de COVID-19 y 325 muertos entre presos y guardias, según la organización Asistencia Legal por los Derechos Humanos (AsiLegal).
La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) "determinará en su momento el destino final del bien inmueble".
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